La lentitud en la tramitación y en el establecimiento de un marco regulatorio por parte de la Administración provoca la paralización de cada vez más proyectos de eólica marina.
Las características del territorio español destacan por sus óptimas condiciones en relación con el desarrollo de parques eólicos marinos. Los promotores de energía eólica tienen su punto de mira en nuestras costas, con el fin de seguir logrando casos de éxito al igual que en territorio danés, alemán o inglés.
Son muchos los beneficios que se esperan del desarrollo de esta fuente de energía renovable, tanto en materia de reducción de emisiones de gases asociados al cambio climático, como en términos económicos. Aunque muchos esperaban poder ver los primeros parques en España a corto-medio plazo, la situación administrativa y jurídica actual retrasa este hecho.
Por una parte, los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo son el elemento principal para poder construir los primeros proyectos en las zonas acordes a sus contenidos. Previstos para finales de 2022, únicamente se ha publicado la Declaración Estratégica el pasado 16 de diciembre. Aunque es un avance, solo es el primer paso para la publicación completa de los POEM. Mientras no se publiquen por completo, existe una fragilidad jurídica a la hora de planificar cualquier actividad en ámbito marino.
Por otra parte, la realización de los Estudios de Impacto Ambiental no transcurre como lo esperado, por ser mucho más complejos que los utilizados en proyectos de eólica terrestre. Esta complejidad aún es más significativa en parques de más de 50 MW, donde el estudio debe ser más exhaustivo, técnico y con unos costes notablemente elevados. Sumado a esto, la necesidad de construir infraestructuras tanto en ámbito marino como terrestre, provoca una dificultad extra a la hora de la planificación, debido a que se reparten las competencias entre las administraciones. Este hecho condena un valor añadido en tiempo de gestión y procesos por parte de estas entidades.
Se han barajado varias alternativas de cara a la simplificación de la tramitación jurídica y ambiental, fruto de la desesperación por parte de las empresas promotoras. Aunque podría ser una ventaja dentro de este ámbito, el complicado proceso que conlleva un parque eólico marino en todas sus fases y sus posibles impactos provoca el rechazo de llevar a cabo estas simplificaciones, prefiriendo no precipitarse en ninguna etapa.
España se encuentra en una posición muy atrasada en comparación a otros países europeos. La oportunidad de mercado del territorio español en la eólica “offshore” necesita un empujón en materia administrativa y velocidad en los trámites, con el fin de empezar a ver los primeros aerogeneradores sobre ámbito marino.
Desprenderse de este “lastre” será el principio de un futuro prometedor y sólido para España basado en lo más importante, el desarrollo de una fuente de energía renovable.
