En los últimos años se ha asistido a un importante crecimiento de los sistemas de pagos por servicios ambientales (PSA) para la protección y conservación de los bosques, con el objetivo de aprovechar todos los servicios ambientales o ecosistémicos que estos proporcionan, mejorando así la calidad de vida de las poblaciones y del medioambiente. Los bosques ofrecen multitud de servicios, y pueden ser de abastecimiento como la provisión de alimentos y agua, de regulación, como el secuestro de carbono o la regulación climática, y culturales, de disfrute para la población y fines espirituales.
¿Pero, en que consiste exactamente un sistema PSA? Se trata de un mecanismo mediante el cual el propietario de la tierra la trabaja para conseguir un determinado servicio ambiental, y es compensado (monetariamente o en especie) por uno o varios compradores. Los implicados asumirían este compromiso de forma voluntaria, pero a través de un contrato se establecen sanciones en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes interesadas.
Hasta la fecha, este sistema ha tenido éxitos puntales en algunos países, especialmente en Sudamérica, centrados especialmente en el abastecimiento de agua a través de la gestión de cuencas hidrológicas y en la absorción de carbono. Destaca Costa Rica siendo uno de los países pioneros y por disponer de condiciones adaptadas a este sistema, que van desde la responsabilidad del Estado en los esquemas PSA, hasta la inclusión de la valoración de sus servicios ambientales en su Ley forestal (1966). El éxito de Costa Rica reside en el compromiso por parte de la población y de la voluntad política, pues existe legislación nacional específica y financiamiento por parte del Estado para los sistemas de pagos por servicios ambientales.
Una de las diferencias entre estos países y España es que allí el objetivo general es minimizar el uso intensivo de la tierra, manteniendo la naturalidad de los bosques y la belleza paisajística, sin embargo en España estaría más enfocado a fomentar la gestión forestal sostenible y el desarrollo de las zonas rurales, evitando así prácticas agresivas en los bosques, como la deforestación, o los grandes incendios forestales incentivados por el abandono del campo y de las actividades agrarias tradicionales. La falta de regulación nacional en materia de PSA puede dificultar su implantación, pero las Comunidades Autónomas disponen de las competencias necesarias para desarrollar la legislación forestal, por lo que son un elemento clave para sentar las bases de un sistema de pagos por servicios ambientales.
En definitiva, a pesar de que el sistema resulte más complejo de lo que aparece explicado aquí por depender de multitud de variables, con una legislación específica, una gestión adecuada y el compromiso de las administraciones públicas, instituciones tanto públicas como privadas y de la población para proteger el medio ambiente y establecer acuerdos, el sistema PSA puede ayudar a la conservación de los bosques y de la biodiversidad y aprovechar de una forma sostenible los servicios ambientales que nos proporcionan los bosques.
