Con este breve post queremos aportar nuestro granito de arena en una de las demandas actuales más habituales dentro del sector de las energías renovables: la necesidad de una urgente ordenación de las áreas de implantación de nuevos parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas.
En Emberiza llevamos muchos años dedicándonos a los estudios ambientales relacionados con las energías renovables. Hemos desarrollado infinidad de estudios de impacto ambiental, vigilancias en fase de obra y seguimientos en fase de explotación. Aportamos experiencia en la planificación de este sector y ponemos todo nuestro esfuerzo en conseguir proyectos compatibles con el entorno socioeconómico, cultural y ambiental, intentando que el impacto sea el mínimo posible. Se trata de una tarea titánica en ocasiones por lo complejo de entender todas las variables que operan.
Nuestra función como consultoría especializada en estudios del medio natural pasa por estar a medio camino entre promotor y Administración Pública, mediando para la consecución de un mínimo impacto ambiental del proyecto. Y es una tarea que requiere aunar objetivos y dedicación de todas las partes, manteniendo siempre como eje transversal el respeto por los valores que hacen de cada territorio único e irrepetible.
Por ello, esta tarea requiere de inversiones económicas y esfuerzos de todas las partes.
Este artículo pretende resaltar que nos posicionamos a favor de políticas a medio y largo plazo en este sentido, y que el cortoplacismo, como sinónimo de impaciencia y urgencia, rara vez sobrevive. Es necesario planificar antes de promover un desarrollo localizado de parques eólicos y plantas fotovoltaicas por la enorme cantidad de proyectos a estudio y trámite actualmente. En la Ley de Evaluación Ambiental, esto se traduce en realizar evaluaciones ambientales estratégicas de planes, antes de estudios de impacto ambiental de proyectos. Es necesario delimitar zonas de exclusión, conocer áreas de acogida y su capacidad de carga, previamente a desarrollar cada instalación. Y esta tarea tiene que desarrollarse con estudios a medio y largo plazo, estudios que debe promover la Administración regional o central, y que en cualquier caso no tiene sentido que caigan bajo la responsabilidad de los promotores, por motivos obvios de que su función es la del desarrollo del proyecto. Son los organismos públicos los que deben marcar las directrices en base a un conocimiento lo más amplio posible.
La herramienta actual que está tratando de hacer frente a esta situación es la de los denominados estudios de efectos acumulativos y/o sinérgicos. Pero es una herramienta muy limitada por varios motivos, entre los que se encuentran:
- El ritmo frenético con el que se tramitan nuevos proyectos, que puede hacer obsoleto un estudio de este tipo en pocos meses.
- Lo complejo de analizar en un plazo de pocos meses este tipo de efectos, y con recursos limitados por parte de cada promotor.
- Lo dudoso de que esta función sea competencia de cada promotor, si no más bien de la Administración Pública.
- La carencia de una fuente dinámica de información que recopile los resultados de los estudios que realiza cada promotor, y que a día de hoy hace que se estén perdiendo inversiones en el conocimiento del medio natural.
En definitiva, creemos que estamos ante una situación única que será ejemplo académico de la definición de ese sobre-explotado (y marketiniano) término de "desarrollo sostenible". Los pasos que estamos dando los que trabajamos en este sector serán claves en el futuro energético, ambiental, social, económico y cultural. Necesitamos caminos definidos para evitar degradar el entorno que nos rodea, y también necesitamos fuentes de energía renovable.
