España es un país que goza de un recurso eólico envidiable a nivel mundial. Esta situación estratégica, asociada a la predecible retribución económica para la generación y distribución existente hasta el año 2.012, así como el marco legal estable en el que se desenvolvía el sector, fueron las causas de que nuestro país se colocase en el año 2.006 como segundo país a escala global en cuanto a potencia eólica instalada (11.630 MW).
En ese mismo año, Alemania lideraba el sector con 20.622 MW, por encima de España, Estados Unidos (11.603 MW) y la India (6.270 MW). En 2.012, España pasaba a ser el cuarto productor mundial, posición que ocupa actualmente, con 22.796 MW, por detrás de China (75.564 MW), Estados Unidos (60.007 MW) y Alemania (31.332 MW). El 6 de febrero de 2.013, a las 15:49 h, la eólica batía un record: aportaba 17.056 MW a la demanda eléctrica nacional, aproximadamente un 42,5% del total necesario a esa hora, con el 75% de su capacidad operativa. Un hito en la historia de esta tecnología.
Para conseguir este escenario de liderazgo, desde finales del s. XX y durante la primera década del XXI, se instalaron en España numerosas empresas asociadas al sector. Desde fabricantes a promotores, pasando por ingenierías y consultoras, algunas pioneras y líderes mundiales, se especializaron en toda la cadena de fabricación, instalación y explotación de parques eólicos. Las favorables condiciones legales, fiscales y financieras existentes, promovieron este auge tecnológico y energético, que derivó en una elevada creación de puestos de trabajo. En su época dorada, aproximadamente entre los años 2.004 y 2.009, más de 35.000 personas estaban empleadas de algún u otro modo en este sector, directa o indirectamente.
El año 2.012 supuso el punto de inflexión en esta favorable tendencia y el comienzo del declive en el sector. Los motivos fueron una serie de cambios normativos que se iniciaron con el Real Decreto-Ley 1/2012. Esta norma, que supuso la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de instalaciones eólicas, entre otras renovables, se vio seguida de otras. Otros dos reales decreto-ley con nuevas medidas para reducir los costes de la energía y la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, llevaron a la energía eólica a la desfavorable situación actual. La introducción de medidas recaudatorias desde la Administración Central, con el único objetivo de hacer caja, unido a las necesidades igualmente de financiación de los gobiernos autonómicos, asfixian actualmente a un sector que busca estabilidad legal para seguir creciendo.
