Desde enero de 2.012, con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 1/2012, comienza en España la llamada “Moratoria de las Renovables” o “Moratoria Verde”. Se trata de una era caracterizada por la incertidumbre financiera y legal para las empresas generadoras y promotoras de energía eólica a nivel nacional. La supresión de las famosas primas a la generación de energía renovable, que incluye a aquellos parques eólicos con puesta en marcha anterior a 2.005 y previstos a partir de 2.012, y la reducción notable a los construidos entre 2.005 y 2.011, ha supuesto un nuevo escenario de consecuencias difíciles de asumir por algunos promotores de energía renovable.
Ante esta situación, y paralelamente al escenario de recesión económica a nivel global, se desencadena un “efecto ajuste” de compañías establecidas en el territorio nacional, cierre de plantas de fabricación de aerogeneradores y componentes, y desaparición de innumerables pequeñas empresas de ingenierías y consultoras asociadas. En la actualidad la parálisis del sector es importante y se estima que esto ha supuesto la pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo.
Sin duda, las energías renovables han contribuido desde el año 2.000 al engorde del denominado “déficit de tarifa”, unos 30.000 millones que los españoles nos hemos “ahorrado” en la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sin embargo, debe considerarse que esta desviación presupuestaria acumulada ha venido dada por consideraciones políticas exclusivamente, y que otras formas de producción de energía en España, como el carbón, gas y nuclear, gozan igualmente de amplios beneficios fiscales y financieros ausentes en las renovables. Se trata de una situación polémica en la que se cruzan tanto intereses políticos como privados, incluyendo a los consumidores finales.
En la actualidad el Gobierno de España se halla inmerso en un proceso de Reforma Energética, de la cual no están contentos ni empresarios, ni inversores, ni productores. Según afirman desde la patronal del sector eólico, "2.014 podría pasar a la historia como un gran año para la eólica, pero no será así". "Las empresas siguen sin conocer aún el impacto económico de la reforma energética", advierten antes de señalar que "si la reforma sale adelante tal y como ha sido planteada, tendrá un efecto injusto y desproporcionado para el sector". El consejero delegado de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), Thomas Becker, ya ha mostrado su disconformidad con la Reforma Energética por el hecho de que pueda ahuyentar a los inversores de España. Recientemente ha afirmado que "es difícil entender cómo el Gobierno de España puede poner en peligro a su industria eólica, que es líder mundial".
Sin ánimo de entrar en polémicas, los datos de la Asociación Empresarial Eólica de España (AEE) indican que en 2.013:
• A 31 de diciembre la potencia eólica instalada en España era de 22.959 MW, aproximadamente un 20% de la existente en la Unión Europea y un 7% de la mundial.
• Fue la primera tecnología en el sistema eléctrico, con una producción de 54.478 GWh (suficiente para abastecer a 15,5 millones de hogares) y una cobertura de la demanda eléctrica del 20,9% (por encima de la nuclear, con un 20,8%). Esto supone que España sea el primer país del mundo en el que la energía eólica se sitúa como la tecnología que más aporta a la cobertura de la demanda en un año completo.
• Empleó a más de 20.000 personas.
• Exportó tecnología por valor de 1.933 millones de euros.
• Invirtió en I D alrededor de 85,5 millones de euros.
• Aportó 2.623 millones de euros al PIB, un 0,24%.
Por Comunidades Autónomas, Castilla y León (24,22% de la potencia eólica nacional), Castilla-La Mancha (16,58%), Andalucía (14,54%) y Galicia (14,43%) ocupan los primeros puestos en generación de energía eólica. Durante los dos primeros meses del año 2.014 las CCAA con mayor producción han sido Castilla y León (3.872 GWh) y Galicia (3.182 GWh).
Se trata de unos datos sin duda envidiables a nivel mundial, en un momento en el que las tendencias internacionales en cuestiones energéticas se decantan por una mayor relevancia de formas de generación más respetuosas con el medio ambiente. Políticas concretas como el Horizonte 2020 (20 % de fuentes de energía renovables en el consumo de energía de la UE), o la Directiva 2009/28/CE (fomento del uso de energía procedente de renovables), requieren de una inversión y compromiso por parte de los estados que debe ser liderado por los gobiernos nacionales. Este necesario apoyo burocrático no parece darse actualmente en España. En palabras de la AEE “las empresas promotoras empiezan 2.014 sumidas en la inseguridad jurídica (la retroactividad de la normativa que contiene la reforma energética supone que las instalaciones en marcha no van a poder contar con los ingresos esperados cuando se hicieron las inversiones) y sin expectativa alguna de futuro, ya que va a ser difícil que los inversores se animen a invertir en eólica en este país". Sin duda, un escenario nada esperanzador desde el punto de vista político y jurídico, a pesar del gran potencial que tiene España al respecto.
