El proyecto para dragar el canal de acceso al puerto de Pontevedra ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar la operatividad portuaria con la protección de los ecosistemas marinos y de las actividades pesqueras y marisqueras de las rías gallegas.
La actuación, promovida por Portos de Galicia, contempla la retirada de más de 500.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados en la desembocadura del río Lérez. El objetivo es recuperar el calado del canal, mejorar las condiciones de navegación y facilitar el acceso a las instalaciones portuarias. El presupuesto previsto asciende a unos 11,9 millones de euros. (Xunta de Galicia)
Depósito de los sedimentos en el medio marino
Una parte importante del debate se centra en el destino de los materiales extraídos. El proyecto prevé su traslado a una zona de depósito marino situada en el entorno de la ría de Arousa y próxima al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
De acuerdo con la documentación inicial, el punto seleccionado se encontraría dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 y a unos 3 kilómetros del límite marítimo del parque nacional.
La Xunta sostiene que los sedimentos analizados han sido clasificados como materiales de categoría A y que el emplazamiento propuesto está autorizado para este tipo de operaciones. También defiende que el depósito en el mar resulta más viable que su tratamiento en tierra debido al elevado volumen de material que deberá gestionarse.
Alegaciones y nuevas comprobaciones ambientales
El proyecto se está tramitando mediante una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Durante el periodo de información pública se presentaron 43 alegaciones, procedentes principalmente de organizaciones ecologistas, colectivos vinculados al sector pesquero y marisquero y otras entidades interesadas.
Las alegaciones plantean dudas sobre la representatividad de las muestras utilizadas para caracterizar los sedimentos, la posible presencia de contaminantes y la dispersión de partículas durante el dragado y el depósito. También reclaman un seguimiento ambiental reforzado y una mayor consideración de los posibles efectos sobre los bancos marisqueros y la actividad económica de las rías de Pontevedra y Arousa.
En el marco de la tramitación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado nuevos estudios sobre la composición de los materiales, la turbidez y la posible afección a determinadas zonas costeras. Como respuesta, Portos de Galicia ha encargado una nueva caracterización completa de los sedimentos antes de continuar con el procedimiento.
Una decisión pendiente de la evaluación ambiental
La Administración autonómica considera que el dragado es necesario para mantener la seguridad y funcionalidad del canal de navegación. Asimismo, prevé establecer controles antes y durante las obras, coordinar los trabajos con el sector marisquero y aplicar medidas para reducir las interferencias con su actividad.
Por su parte, los colectivos críticos sostienen que la cercanía del área de depósito a espacios protegidos exige aplicar el principio de precaución y estudiar con detalle tanto la calidad de los materiales como su comportamiento una vez depositados.
Las directrices estatales sobre materiales de dragado establecen que deben analizarse las posibles alternativas de gestión, los espacios protegidos del entorno, los efectos ambientales de la reubicación y el correspondiente programa de vigilancia.
El proyecto continúa, por tanto, en fase de evaluación. Su autorización definitiva dependerá de los resultados de los nuevos análisis, de la respuesta a las alegaciones y de los informes emitidos por las administraciones competentes. El reto será determinar si la mejora de la navegación puede ejecutarse con garantías suficientes para la biodiversidad marina y para las actividades económicas vinculadas a ambas rías.
