Uno de los trabajos más habituales en sector de la consultoría ambiental deriva del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Esta norma obliga a los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo a remitir un Informe Preliminar de Situación de un Suelo (IPS) al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.
Las actividades que se consideran potencialmente contaminantes del suelo son las siguientes:
· Las actividades de tipo industrial o comercial, mencionadas en su Anexo I.
· Las actividades que producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas por año de una o varias sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, modificado en el artículo único de la Orden PRE/2317/2002.
· Los almacenamientos de combustible para uso propio segundo el Real Decreto 1523/1999.
El objetivo del IPS es valorar la posibilidad de que se hayan producido o se vaya a ocasionar un evento de contaminación de suelo, sobre el que se asienta o se haya asentado alguna de las actividades consideradas como potencialmente contaminantes.
Un IPS contiene datos generales de la actividad, una descripción de las materias primas de carácter peligroso y los subproductos generados, cómo se realiza el almacenamiento, cuáles son las áreas productivas, las actividades históricas, etc.
Recientemente, la Orden PRA 1080/2017 modificó el Anexo I del Real Decreto 9/2005, dónde se establece una lista con las actividades potencialmente contaminantes del suelo según el CNAE 2009. Además para algunas de ellas, se fijan una serie de umbrales a la hora de enmarcarlas como potencialmente contaminantes del suelo (ver noticia).
En Galicia el Real Decreto 9/2005 se adapta principalmente a través del Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración de suelos contaminados, el cual a su vez viene a desarrollar la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
