En fecha 25.06.2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUEL núm. 170) el Reglamento 2019/1010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente y por el que se modifican los reglamentos(CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del Consejo.
Este reglamento entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOUL, esto es, el 26.06.2019, con las siguientes excepciones:
- El artículo 1 que se aplicará a partir del 1 de enero de 2022.
- Los apartados 2 y 5 del art. 7 y los artículos 8, 9 y 10 que se aplican desde del 1 de enero de 2020. (art. 11).
Tal y como la propia disposición establece, el reglamento responde a la necesidad de introducir modificaciones en varios actos legislativos de la Unión en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta los resultados del informe de la Comisión de 9 de junio de 2017 titulado “Acciones para racionalizar la comunicación de la información en materia de medio ambiente” y el documento que lo acompaña sobre el control de adecuación de la comunicación de la información y el seguimiento de la política medioambiental de la UE de 9 de junio de 2017.
Tal y como cita también la norma, su objeto es modernizar la gestión de la información y garantizar un enfoque más coherente de los actos legislativos que entran en su ámbito de aplicación mediante la simplificación de la comunicación de la información de forma que se reduzca la carga administrativa, mejorando la base de datos para futuras evaluaciones y aumentando la transparencia en beneficio público.
A su vez, este tipo de actos habilita una mayor transparencia en materia de medio ambiente, permitiendo a todos los ciudadanos un mayor control de las consecuencias derivadas de la gestión pública en este sentido. Además, se trata de un derecho fundamental y herramienta clave a la hora de evaluar la incidencia de las actividades humanas sobre el medio ambiente.
